La Sanidad, los Servicios Sociales y la Igualdad en España: El Gobierno complica el acceso a la sanidad a los 'ni ni' mayores de 26 años

jueves, 26 de abril de 2012

El Gobierno complica el acceso a la sanidad a los 'ni ni' mayores de 26 años

Los 'ni ni' mayores de 26 años tendrán que acreditar que no ganan lo suficiente para «ostentar la condición de asegurado y acceder» a los servicios del Servicio Público de Salud.

Este es un artículo publicado en el digital www.larioja.com el 25.04.12 a las 00:36 por

DANIEL ROLDÁN, desde MADRID:

La reforma sanitaria apareció en el BOE ayer con sorpresa. Una novedad extraña y que se centra en el acceso sanitario en España. No es sobre los extranjeros, que eso ya se esperaba y se contempla y se regula, sino sobre los propios españoles.

El Ministerio de Sanidad quiso aclarar quién puede acceder a los servicios y lo que hizo fue generar más dudas. El real decreto modifica la condición de asegurado que recogía la Ley 16/2003. En esta última, se resumía en tres palabras quién tiene acceso a la sanidad pública: todos los españoles. Ahora, eso cambia.

La condición de asegurado la tienen todos los trabajadores por cuenta ajena o propia, pensionistas, ser perceptor de una prestación periódica o parado.

También tendrán esta categoría los cónyuges o «persona con análoga relación de afectividad», excónyuges a cargo del asegurado y los hijos que sean «menores de 26 años o que tengan una discapacidad en grado o igual al 65%».

Pero, ¿qué pasa con los mayores de 26 que ni trabajan ni estudian? El Gobierno solo aclara que «podrán ostentar la condición de asegurado siempre que acrediten que no superan el límite de ingresos reglamentariamente», al igual que muchos extranjeros de la Unión Europea, Noruega o Suiza.

Es decir, que una persona que no trabaja ni estudia, o que es un opositor deberá demostrar ante Sanidad con una declaración de la renta o un documento similar que no gana el suficiente dinero para tener tarjeta sanitaria propia. Pero no dice nada más, aunque el ministerio solo se limitó a aclarar, a posteriori, que la cobertura total sanitaria para todos los españoles está asegurada.

Por otra parte, los extranjeros que estén en España 'sin papeles' mantendrán sus actuales condiciones de atención sanitaria hasta el 31 de agosto. Así lo recoge el real decreto que aprobó el Consejo de Ministros para ahorrarse 7.000 millones de gasto sanitario.

Entre las medidas adoptadas está la de la regulación del llamado turismo sanitario. Por una parte, se incorpora el artículo 7 de la directiva del Parlamento Europeo que regula la atención de comunitarios fuera de sus países, y que ha costado 917 millones anuales; y por otra parte, el cambio de la Ley de Extranjería para evitar que los 'sin papeles' tengan los mismos derechos sanitarios que los ciudadanos españoles.

El real decreto indica que los extranjeros no registrados ni autorizados en España recibirán asistencia solo en dos casos: de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica y de asistencia al embarazo, parto y postparto. Como en la actualidad, los foráneos menores de edad recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles. Esta decisión fue criticada por la oposición y ONG, que temen un colapso de las urgencias por esta medida.

Pago por prótesis

Por otra parte, se establece el copago farmacéutico, del que quedan excluidos los parados de larga duración, los perceptores de pensiones no contributivas, los afectados de síndrome tóxico, personas con discapacidad, ciudadanos que sigan un tratamiento por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional y los perceptores de las rentas de integración social.

La población activa pagará la mitad del medicamento, que subirá al 60% en el caso de los que ganen más de 100.000 euros. En cuanto a los pensionistas, el ministerio decidió dejar el límite en 18.000 euros como renta: los que ganen hasta esta cantidad, abonarán hasta un límite de 8 euros al mes y los que la superen, 18 euros al mes. Estas recetas, hasta la popularización de la tarjeta sanitaria electrónica, se realizará mediante un código impreso.

También se abonarán parte de las prótesis, los productos dietéticos y el transporte sanitario no urgente, ya que se consideran «servicios accesorios». El Ejecutivo asegura que no se deberán abonar pero no especifica cuánto. El mismo día de su publicación, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, negó que la reforma sanitaria del Gobierno sea insolidaria, al aseverar que «lo absolutamente injusto» es que el anterior Ejecutivo del PSOE «haya llevado a la sanidad española a esta situación insostenible financieramente».

____________________________________