Los responsables de Sanidad de la Unión Europea han respaldado hoy en Luxemburgo la propuesta española para la prestación sanitaria transfronteriza. El texto establece como regla general que el país de residencia del paciente será el que costee su tratamiento. No obstante, si decide volver a su país natal -o a aquel en el que está afiliado a la Seguridad Social- para tratarse, será este último el que se hará cargo del coste de la prestación, aunque el paciente tenga su domicilio en otro.
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España lideró a finales del año pasado el bloqueo de la propuesta de Suecia, anterior presidenta de turno de la Unión, que señalaba que, en los casos en que un residente en el extranjero vuelve a su país (por ejemplo, un inglés afincado en España que cuando enferma decide regresar a Reino Unido), debía pagar la factura el país de residencia (España, en este caso).
En España, el principal grupo de residentes extranjeros son los jubilados, y España defendió que lo lógico era que pagara su tratamiento el país en el que habían cotizado toda su vida. La propuesta sueca, apoyada por Reino Unido, hubiera supuesto un coste adicional para el sistema sanitario español de unos 2.000 millones de euros anuales, según estimaciones del Ministerio de Sanidad.
Además, si un ciudadano de un país que reside en otro quiere ser tratado a costa de la sanidad pública en un tercero (por ejemplo, un jubilado inglés afincado en España que quiera que lo vea un hospital italiano), lo primero que tiene que conseguir es que su médico español le autorice el traslado. Luego, el centro receptor debe tener una calidad garantizada por el Gobierno (el italiano en este ejemplo). Y aunque cumpla estos requisitos no podrá ser ingresado en un hospital ni someterse a una terapia experimental o que sea muy complicada.
Con ello se cierra prácticamente del todo el último resquicio que quedaba para quien no quería recibir atención en su país de origen o en el que residía. En marzo pasado, la ministra española de Sanidad, Trinidad Jiménez, dijo que en la práctica "no se dan este tipo de situaciones", pero admitió que no había más remedio que acotar todos los casos.
La propuesta no afecta a los ciudadanos de un país de la UE que tienen su residencia en otro. Este supuesto es, con diferencia, el más numeroso en España (el padrón de 2009 recoge 2,3 millones de residentes en España con nacionalidad de los otros países de la UE). España recibe de los países de origen de estas personas una cantidad mensual por cada una (300 euros), independientemente de que usen los servicios sanitarios o no. Esto supone unos 3.600 euros anuales por persona.
El balance es beneficioso para el Estado español, ya que el gasto medio en sanidad está alrededor de 1.500 euros. Tampoco incluye a los turistas que tienen un accidente, ya que en ese caso se les atiende y la factura hospitalaria se cobra al país de origen. Es lo mismo que sucede en el caso contrario, que un español sufra un accidente en otro país de la UE.
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