Las farmacias son el último eslabón de la cadena que sigue un medicamento desde que se fabrica hasta que llega al paciente.
Y, por eso, todas las medidas que se toman para ahorrar en productos sanitarios tienen una repercusión en sus cuentas de resultados.
Por eso están en pie de guerra ante las últimas medidas del Gobierno (rebaja de medicamentos no innovadores en marzo, límite de las deducciones y devolución del 7,5% de la factura en mayo).
En concreto, el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos asegura que la incidencia de las dos medidas supone una reducción de un 16% en los beneficios brutos de las farmacias, lo que podría poner en peligro 7.500 establecimientos de los 22.000 que hay en España.
Un grupo de afectados ha constituido un Gabinete de Crisis de la Farmacia que forman el Colegio de Farmacéuticos de Valencia, la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles y la Plataforma de Defensa del Modelo Mediterráneo de Farmacia.
Aparte de las cuestiones económicas, estas organizaciones critican que les va a tocar gestionar el descuento del 7,5% recientemente aprobado, ya que ellos son los que cobran directamente de las Administraciones. Piden que cada uno de los implicados (laboratorios y distribución antes que ellos) apliquen el descuento por su cuenta, pero eso tiene un problema: estos sectores no saben si lo que venden lo va a comprar un paciente con receta pública o privada, y, por tanto, si deben aplicar el descuento o no.
También Farmaindustria
El mal ambiente causado por las medidas de ahorro también se ha trasladado a la industria farmacéutica. La patronal Farmaindustria ha reaccionado con gran dureza -prepara un recurso- ante el anuncio de la Consejería de Salud del País Vasco de que va a obligar a recetar por principio activo en el caso de cuatro fármacos de uso muy extendido (atorvastatina, clopidogrel, valsartán y risedronato). Esto supondría que los farmacéuticos tendrían que dar al paciente el genérico más barato, y dejarían fuera al equivalente de marca.
Una portavoz de la patronal reconoció que esta medida ya se implantó en Castilla-La Mancha sin que hubiera mucho revuelo, pero que eran otros tiempos en los que primaba el espíritu de cooperación. Ahora, el sector siente que se les han apretado tanto las clavijas (hablan de vender a pérdidas) que deben intentar de impedir cualquier otra medida que consideren lesiva.
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